El Agro ante el nuevo escenario global: ¿Qué esperar de los acuerdos con la UE y EE.UU.?

El campo argentino se encuentra hoy en el centro de una mesa de discusión que trasciende fronteras. Tras décadas de negociaciones, los acuerdos comerciales internacionales -específicamente el Acuerdo Mercosur-Unión Europea y el potencial tratado con Estados Unidos- vuelven a estar en el centro de las discusiones, prometiendo cambiar las reglas del juego para el sector agroindustrial. ¿Qué tan cerca estamos de la meta y qué impacto real tendrán en la tranquera?

Conocé las reflexiones de Nelson Illescas, abogado especialista en derecho económico internacional, Director de Contenidos y Comunicación de GPS y Marco Stiuiso, Coordinador Ejecutivo de la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola, ofrecidas en el primer capítulo de la temporada 2026 de “Levantando la Perdiz”.

El acuerdo con la Unión Europea (UE) se negocia desde mediados de los 90. Aunque en 2019 se cerraron las negociaciones y en 2024 se alcanzó una firma efectiva tras retomar la agenda ambiental, el camino aún tiene obstáculos por sortear. Actualmente, el proceso se encuentra en una fase de "densidad burocrática": por un lado, el Parlamento Europeo se encuentra aguardando un dictamen del Tribunal de Justicia sobre si el texto se condice con los acuerdos fundacionales de la Unión; al mismo tiempo que las recientes aprobaciones de los Congresos de Argentina y Uruguay permiten la activación de la entrada en vigor provisional del acuerdo, una vez que la UE así lo disponga, para la aplicación parcial de sus ejes comerciales.

En este sentido, los expertos advierten que no conviene perder de vista “el bosque por los árboles”. Resulta clave comprender el contexto geopolítico actual, que ha cambiado drásticamente desde el inicio de las tratativas; la dinámica hoy está marcada por el Brexit y el retorno de políticas proteccionistas que generan tensiones internas en la propia UE y retrasan las definiciones. Al mismo tiempo, el acuerdo funciona como un “refugio de institucionalidad” para ambos bloques, en un escenario donde las reglas de la OMC ya no marcan el rumbo y Estados Unidos aplica aranceles bilaterales de forma discrecional.

En este sentido, una de las mayores virtudes del acuerdo es la previsibilidad. Al fijar normas claras y un horizonte estable, aporta un valor estratégico en un momento de reacomodo global. Para el agro argentino, esto se traduce en una oportunidad concreta: contar con reglas que permitan planificar con mayor seguridad, incluyendo el compromiso de eliminar derechos de exportación para la mayoría de los sectores y un cronograma de reducción paulatina para la cadena de la soja, que bajaría del 18% al 14%.

Otra ventaja relevante es la validación de estándares internacionales, logrando lo que se conoce como un "Gold Standard". Exportar bajo las exigentes reglas europeas actúa como una carta de presentación para acceder a mercados de alto poder adquisitivo en Asia, como Corea o Japón, y facilita diálogos con países como Canadá. A ello se suma la institucionalidad que brinda el marco de colaboración, aunque también obligará a cambios locales, como la protección de indicaciones geográficas que forzará a modificar nombres de productos que hoy usamos habitualmente en el Mercosur.

En el caso de los bienes de capital, el acuerdo plantea un cronograma de baja de aranceles a 15 años, pero el verdadero desafío son las barreras invisibles. Muchas normas técnicas europeas, como las de tránsito y seguridad, obligan a rediseñar productos sin sumar eficiencia, funcionando como obstáculos para-arancelarios. Aquí, la oportunidad radica en que el acuerdo crea ámbitos de diálogo sectorial para discutir estas asimetrías y podría forzar al Mercosur a homogeneizar sus propias normas, ya que hoy el bloque negocia con cuatro sistemas técnicos distintos frente a la unidad sanitaria de la UE. Mientras la Europa Occidental presenta barreras culturales fuertes, en Europa del Este y los Balcanes existe un interés creciente por los sistemas argentinos de siembra directa y silo bolsa por su eficiencia productiva.

Finalmente, los expertos señalan que firmar este tratado hoy no implica un boom de exportaciones inmediato, sino más bien consolidar mercados existentes y evitar la pérdida de preferencias frente a competidores que ya tienen acuerdos vigentes. Aunque Cancillería proyecta un optimista aumento del 15% en las exportaciones agroindustriales, la realidad de un comercio global maduro sugiere mesura. Aun así, el horizonte es moderadamente positivo: la ratificación posicionaría al Mercosur frente a un socio que representa más del 20% del PBI global, otorgando una relevancia estratégica y un marco de certidumbre que hoy la política local no siempre garantiza.

Mientras la Unión Europea avanza con lentitud en la ratificación de su acuerdo, la relación con Estados Unidos asoma bajo una lógica de pragmatismo geopolítico marcada por la administración de Donald Trump. A diferencia del vínculo con China, que se concentra en la importación de materias primas dentro de cadenas industriales cerradas, Estados Unidos muestra una mayor permeabilidad para incorporar bienes en distintos eslabones de su propia producción. Esta característica abre una ventana de oportunidad estratégica para las agropartes argentinas, que ya cuentan con presencia en ese mercado y podrían expandirse significativamente al integrarse en las cadenas de valor estadounidenses, especialmente en un contexto donde Washington busca proveedores que reemplacen los componentes provenientes de su disputa con el gigante asiático.

Sin embargo, el entusiasmo por la apertura de este mercado debe matizarse con la realidad productiva local. Si bien se menciona la posibilidad de alcanzar una cuota de 80.000 toneladas para la carne bovina, es fundamental recordar que actualmente Argentina cuenta con una cuota de 20.000 toneladas que ni siquiera logra completar. Esto demuestra que la oportunidad comercial exige, antes que nada, una capacidad de cumplimiento y una competitividad sostenida que el país aún debe consolidar para aprovechar verdaderamente el incentivo de ampliar sus exportaciones cárnicas.

Por otro lado, la relación con el país del norte no está exenta de riesgos para la industria nacional, particularmente en el sector de los bienes de capital. Existe una amenaza latente vinculada al ingreso de maquinaria usada, producto de una política de renovación tecnológica en Estados Unidos donde los productores cambian sus equipos cada cinco años gracias a incentivos como la amortización acelerada. Este sistema, sumado a un sobrestock global tras el boom de ventas de la post-pandemia, genera un excedente de máquinas que Estados Unidos busca colocar en el exterior, lo cual podría presionar fuertemente a los fabricantes locales si no se regula con una inteligencia que priorice el progreso tecnológico y productivo de la Argentina.

Finalmente, si bien la reciente firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos en febrero de 2026 marca un hito histórico —posicionando a la Argentina como el primer país de Sudamérica con este nivel de acceso preferencial al mercado estadounidense—, el horizonte de un tratado de libre comercio (TLC) pleno sigue encontrando el límite jurídico del Tratado de Asunción. Como miembro del Mercosur, Argentina no podría firmar acuerdos comerciales de este tipo de manera independiente, lo que obliga a una discusión política profunda dentro del bloque regional. El desafío actual radica en capitalizar este nuevo vínculo bilateral mientras se buscan mecanismos que otorguen mayor flexibilidad a los países miembros o se avanza hacia una negociación conjunta que permita al Mercosur posicionarse como una plataforma de inserción inteligente frente a los actores de peso en el nuevo orden internacional.

La conclusión de los especialistas es clara: los acuerdos internacionales son un medio y no un fin en sí mismos, ya que para que estas oportunidades se traduzcan en beneficios reales, Argentina debe resolver primero su propia “dimensión nacional”. Resulta imperativo atender lo que se conoce como el “costo argentino”, un complejo entramado impositivo, regulatorio y de derechos de exportación que hoy actúa como un condicionante estructural de la competitividad y limita el enorme potencial exportador del campo. Es necesario implementar una política productiva e industrial que acompañe la apertura, reduciendo los costos estructurales y dando valor a la capacidad técnica que el país ya posee.

En un mundo que tiende hacia el proteccionismo, la inserción internacional debe ser sumamente estratégica, garantizando siempre el interés nacional y potenciando el desarrollo científico-tecnológico local. El mundo ofrece refugios y mercados, pero la verdadera llave del crecimiento está puertas adentro: fortalecer la producción propia para que los acuerdos dejen de ser meras promesas diplomáticas y se conviertan en realidades que permitan al agro dar el salto definitivo hacia la globalización.